El frío del pasado miércoles no impidió que activistas, defensores de la comunidad y una coalición de líderes religiosos acudieran a la alcaldía de Louisville para pedir al jefe edil, Craig Greenberg así como a la Louisville Metro Police Departament, no colabore con ICE en operativos en contra de inmigrantes. Esto luego que el próximo presidente de Estados Unidos Donald Trump, prometiera en campaña que deportaría a las personas indocumentadas.

Esta petición se apega a una ordenanza del año 2017 solicitada por activistas pro derechos humanos a Louisville Metro que limitaba la cooperación de LMPD con la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas.

Por su parte Attica Scott ex representante estatal, afirmó a la estación WFPL, que Louisville no debería hacer eco en contra de sus vecinos al limitar sus derecho fundamentales, Scott, también afirmó que nadie debería tener que enfrentar preguntas racistas y xenófobas sobre su estatus migratorio. Scott se mostró preocupada por el riesgo que podrían enfrentar los inmigrantes indocumentados luego que Donald Trump tome el cargo a finales de este mes.

«La ordenanza de Louisville prohíbe a las fuerzas del orden locales ayudar al ICE a hacer cumplir las medidas de inmigración a menos que los agentes del LMPD tengan una orden firmada por un juez o si el ICE «expresa una sospecha razonable de riesgo de violencia o cuando existe un peligro claro para el público». No impide que el LMPD haga cumplir las leyes penales contra nadie.» [WFPL].

La ordenanza también prohíbe al Departamento Correccional de Louisville Metro celebrar un acuerdo federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y prohíbe a los empleados del Metro preguntar el estatus migratorio de una persona en la mayoría de los casos.

El portavoz del LMPD, Aaron Ellis, dijo que los agentes no hacen cumplir la ley federal.

El alcalde Greenberg dijo el miércoles que no ha recibido ninguna comunicación formal o informal de la administración entrante de Trump sobre la aplicación de las directivas de deportación.