Por Valeria Acevedo – Conexión Migrante

La administración Trump ha puesto en marcha un plan sin precedentes para revocar la ciudadanía a cientos de personas nacidas fuera de territorio estadounidense. Lo que históricamente era un recurso raro, hoy se ha convertido en una prioridad administrativa con objetivos claros y una estructura judicial reforzada.

Aquí te presentamos los puntos fundamentales para entender esta medida:

1. Cifras que rompen récords

La escala de esta iniciativa no tiene comparación con gobiernos anteriores. Mientras que entre 1990 y 2017 se presentaron apenas 305 casos (un promedio de 11 por año), la actual gestión persigue cifras superiores en menos de 12 meses:

• 384 personas ya han sido identificadas por el Departamento de Justicia para iniciar su desnaturalización.
• 200 casos mensuales están siendo remitidos a revisión por el Departamento de Seguridad Nacional.
• 24.5 millones de inmigrantes naturalizados residen en el país (el 53% de la población inmigrante total), quienes hoy enfrentan un panorama de vigilancia intensificada.

2. Los objetivos: ¿Quiénes están en la mira?

Aunque tradicionalmente la desnaturalización se reservaba para criminales de guerra, el enfoque actual se ha ampliado. Según la ley, el Gobierno puede retirar la ciudadanía por matrimonios simulados, ocultamiento de información o delitos graves. Actualmente, los criterios específicos incluyen:

• Personas que representen un riesgo para la seguridad nacional.
• Personas involucrados en crímenes de guerra, tortura o violaciones previas a los derechos humanos.
• Autores de fraudes contra el Estado, incluyendo irregularidades en programas como Medicaid o Medicare.
• Ejemplos recientes incluyen desde un infante de marina ghanés sometido a consejo de guerra, hasta un argentino que fingió ser cubano y un nigeriano condenado por fraude fiscal.

La maquinaria judicial: Contratación y despliegue

Para sostener esta “primera ola de casos”, Washington ha transformado su estructura operativa:

• Adjudicación de casos: Se ha adelantado la distribución de expedientes a 39 fiscalías federales.
• Integración de abogados: Ante los objetivos establecidos, se han sumado abogados de diversas divisiones civiles para trabajar en litigios migratorios.
• Expertos en el terreno: USCIS ha desplegado especialistas en todo el país con el objetivo de identificar entre 100 y 200 casos cada mes.

A pesar de las nuevas medidas administrativas. Para que un juez dicte la revocación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece que la carga de la prueba debe ser:

“Evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas”.

Esta campaña coincide con otras medidas como la adquisición de grandes almacenes para centros de detención y el envío de agentes federales a ciudades principales para misiones de deportación.

Con información de El País y El Tiempo.