Redacción

Este martes el gobernador Andy Beshear se unió a líderes de otros 23 estados y el Distrito de Columbia en una demanda para bloquear los cambios de política ilegales de la administración Trump que brindarían amplio acceso a información confidencial y privada de familias estadounidenses que reciben beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Más de 28.200 habitantes de Kentucky dependen del apoyo del programa federal, que se administra a través del Programa de Asistencia Transicional de Kentucky (KTAP) en el Commonwealth.

“Me uní a esta demanda porque ningún ciudadano de Kentucky –ni ningún estadounidense– debería tener que preocuparse de que su información personal y confidencial se comparta ilegalmente”, dijo el gobernador Beshear. «Los números de Seguridad Social, las direcciones y más son privados, y estamos luchando contra las acciones ilegales de la administración Trump para garantizar que sigan siéndolo».

En junio de 2026, la Administración para Niños y Familias (ACF) emitió un aviso en el que afirmaba ampliar drásticamente su supervisión de los programas estatales de TANF, incluso permitiendo a ACF compartir registros detallados de los beneficiarios de TANF con otras agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según la nueva política de ACF, los números de Seguro Social, las direcciones, el estado migratorio y otros datos personales confidenciales de los beneficiarios de TANF se compartirían ilegalmente con todo el gobierno federal e incluso potencialmente con organizaciones privadas.

El Congreso creó TANF como parte de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996. La ley requiere que el gobierno federal proporcione subvenciones en bloque a los estados, territorios y gobiernos tribales, que luego tienen amplia autoridad para utilizar los fondos para una variedad de programas para brindar asistencia a familias de bajos ingresos con niños. Los fondos TANF apoyan subsidios para el cuidado infantil, viviendas de emergencia para familias que huyen de la violencia doméstica, asistencia alimentaria de emergencia, apoyo para abuelos que cuidan niños y otros servicios cruciales.

La ley que promulga TANF requiere específicamente que los estados, no el gobierno federal, sean responsables de verificar la elegibilidad de los solicitantes de TANF para recibir beneficios. Sin embargo, ACF ahora afirma que la agencia tiene amplia autoridad para supervisar los programas TANF de los estados y compartir los datos privados de los destinatarios con otras agencias federales para verificar su estatus migratorio. El gobernador Beshear y la coalición argumentan que esta política causaría un daño significativo a las comunidades vulnerables que dependen de los fondos TANF. Permitir que los datos privados de los beneficiarios de TANF se compartan ilegalmente con todo el gobierno federal erosionaría la confianza que los programas TANF de los estados han creado con las comunidades de inmigrantes y disuadiría a aquellos legalmente calificados para recibir beneficios de buscar asistencia. La política de ACF también podría dar lugar a requisitos de supervisión ilegales por parte del gobierno federal, desviando recursos que deberían utilizarse en programas críticos para ayudar a familias de bajos ingresos.

Además de Kentucky, otros estados representados en el caso son Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como el Distrito de Columbia.